Francisco Torres García

La estantería del historiador

Categoría: El régimen de Franco Página 1 de 4

En torno a la polémica sobre Juan de la Cierva y su relación con Franco (II)

Francisco Torres García

A raíz de mi anterior artículo sobre la polémica desatada ante la continuidad del merecido nombre de Juan de la Cierva en el frontispicio del aeropuerto de su tierra, Murcia, algunos lectores me han escrito precisando, pidiéndome alguna ampliación o transmitiéndome algún testimonio como el hijo del exministro Pedro González-Bueno, quien fuera compañero de promoción y amigo de Juan de la Cierva.

Se ha escrito que Juan de la Cierva ni tan siquiera llegó a conocer a Franco, lo que a tenor de los testimonios no es cierto. Ya precisaba en mi anterior artículo que Juan de la Cierva había estado en Burgos a finales de noviembre visitando el Cuartel General del Generalísimo. Se ha escrito, para difuminar la realidad, que hasta los republicanos reconocieron, al referir brevemente su muerte, que «tuvo la gran virtud de encerrarse en los límites de su ciencia sin intervenir en las luchas políticas. Es indudable que se trataba de un hombre de derechas; pero ello no constituía obstáculo para que sus actividades estuvieran enmarcadas dentro de una neutralidad exquisita», sin olvidar, eso sí, mencionar que era «hijo de uno de los caciques clásicos que más han envilecido a España». Pero entonces nada sabían de su actuación a favor de los nacionales ni de su intervención en la compra del Dragon Rápide. De saberlo la crónica de este periódico hubiera sido distinta.

Revisemos el testimonio en sus memorias de su compañero Pedro González-Bueno, ambos eran amigos desde sus estudios y en 1935 «reverdeció» la relación cuando este viajó a Londres. Al menos registra dos ocasiones en las que Juan de la Cierva voló a Burgos para ver a Franco. En la primera, le indicó que «estaba en contacto con el Generalísimo para tratar de facilitarle aviación y me pidió autorización para poder enviarme telegramas cifrados al hotel Madrid-Londres, y que yo los entregara en el Cuartel General. Así lo hicimos en alguna ocasión».

En la segunda ocasión, Pedro acompañó a Juan de la Cierva al palacio de la Isla para entrevistarse con Franco. Le comentó que Franco le iba a preguntar si «podía facilitar alguna divisa más para continuar ayudando a la Aviación nacional». Textualmente anota que añadió: «Tengo gran preocupación porque no dispongo de más dinero y si no me facilitan nuevos medios tendría que comprometerme en créditos personales. Eso podría ser la ruina de mi familia».

Por el fragmento que incluimos en el anterior artículo de una carta a Franco de Pilar de Hoces, esposa de Ricardo de la Cierva, asesinado por los frentepopulistas, sabemos que Juan comprometió cuanto tenía. Añade Pedro González-Bueno que en esa reunión Franco le pidió a Juan de la Cierva que le recomendara algunos nombres para figurar en la Junta Técnica del Estado y este le dio el nombre de Pedro González-Bueno.

Si añadimos a lo relatado el testimonio reflejado en el artículo anterior de una visita al Cuartel General en esos días, debemos estimar que se refería a otra distinta a la que realizó con Pedro González-Bueno.

Lógicamente la actuación de Juan de la Cierva al servicio de los rebeldes primero y de Franco, como Jefe del Estado, después permaneció en secreto y, como señalamos, emergió entre líneas al fallecer en accidente. De la misma forma se hizo referencia a ella en algunos artículos publicados en el primer aniversario de su muerte, indicando que los diversos viajes que realizó entre julio y diciembre de 1936 fueron en «misión especial»:

«Gloria para su Patria y gloria para la Ciencia universal había sabido conquistar por sus talentos, y así respondía a los apellidos que sus progenitores habían hecho ilustres en el servicio a España, otros estímulos, de elevado patriotismo también,  movían su actividad en la ocasión que le era arrebatada la vida.

Por esta circunstancia, por la fecha en que ocurrió su muerte y asociada esta al motivo que le llevaba a cruzar los espacios, militante en la Cruzada, con milicia eficacísima para España, como héroe de la guerra, hemos de considerarle, si quiera no sea más que para añadir a los laureles que se disciernen a los sabios los que se otorgan a los que luchan en el campo de batalla».

Poco más se puede decir. Por valorar esas gestiones y para brindar apoyo a la familia, el 8 de diciembre  de 1937 Franco firmaba un interesante decreto que hay que leer entre líneas:

«Don Juan de la Cierva Codorníu, muerto el 9 de diciembre de 1936, después de prestar eminentes servicios a la Patria, pertenecía al Cuerpo de Ingenieros Civiles y dio renombre a España con sus investigaciones científicas en el extranjero, no escatimando nunca servir a la Patria en cuantas ocasiones fue requerido para hacerlo.

Queriendo premiar estos servicios y teniendo en cuenta que después de su gran amor a España todo su cariño era para el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, al que pertenecía, dispongo:

Artículo primero: Para hacer honor al ingeniero don Juan de la Cierva y Codorníu, se le considera permanentemente en el escalafón del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para todos los efectos administrativos, en el primer lugar del escalafón, gozando de todos los ascensos que le pudieran corresponder en vida.

Artículo segundo. El sueldo que pudiera corresponderle será entregado, como pensión extraordinaria, a su viuda, doña María Luisa Gómez-Acebo y Varona, y a su fallecimiento, a sus hijos don Juan, don Jaime, don Luis, don Manuel, doña Ana María y, don Carlos».

Franco, la Seguridad Social, el sistema sanitario, la red hospitalaria y el Estado del Bienestar.

La red sanitaria pública española, tensionada, pero capaz, a pesar de las enormes dificultades y falta de previsión con la que ha tenido que afrontar el mayor reto sanitario de los últimos cincuenta años, ha demostrado su valía al ser capaz de obtener la curación de decenas de miles de españoles.

En este marco, para los españoles, los centros hospitalarios han adquirido una notoriedad social importante revalorizándolos aún más. Ahora bien, tras la eliminación de las placas que recordaban sus instantes fundacionales y los cambios de nombre, la mayor parte de la población ignora que nuestra red sanitaria-hospitalaria actual, nuestra sanidad pública, es una obra realizada por  el Estado de las Leyes Fundamentales, por el régimen de Francisco Franco. De hecho no pocos de los grandes hospitales españoles, por no decir la inmensa mayoría, llamados entonces ciudades o residencias sanitarias, algunos de los cuales están entre los mejores de Europa, fueron inaugurados por Francisco Franco.

Es usual oír, casualmente con cierta insistencia en estos momentos, un bulo –ahora que se han puesto tan de moda– recurrente: “Franco no creó la Seguridad Social”, lo que a los más mayores les causa una sonrisa mientras que es creído a pies juntillas por aquellos que tienen menos de 65 años. Hacen esas afirmaciones partiendo de una interpretación semántica pura, seguros de que nadie les va contradecir, sin mayor sustento. Su argumento se sostiene en el silencio y en el efecto de que la realidad es así porque ellos lo aseguran. Lo hacen armados con tablet y proyección en pantalla televisiva. Sin rubor alguno, recurriendo a un error conceptual creado a partir del valor semántico de las palabras y los verbos, afirman que la Seguridad Social fue “creada” en España durante la Regencia de María Cristina, se encuentra su origen en las políticas de Maura o Dato y si me apuran hasta en el reinado de Isabel II, aunque también podríamos referirnos a la asistencia sanitaria benéfica  que recogía como obligación la Constitución de 1812 o a los Montepíos, Cofradías y Hermandades del siglo XVIII, por no remontarnos mucho más en  la historia.

En este debate, quienes tienen algo de pundonor, que se presentan con el título de historiador o historiadora, pero no se atreven a contradecir en las pantallas este relato –la autocensura ante el temor de ser acusados de profranquistas –, esquivan el tema acomodando su relato a ese discurso refiriéndose, con mayor exactitud, a la aparición de las políticas sociales/seguros sociales durante la Restauración (Comisión de Reformas Sociales, 1883) y a los seguros de accidentes de trabajo posteriores. Esto, expuesto así, es rigurosamente cierto, pero no es menos cierto que nada de eso, ninguna de las medidas adoptadas y transformadas en realidades tangibles antes de la guerra civil, pueden igualarse a lo que el común de los españoles y la definición actual entienden por Seguridad Social (incluyendo la conjunción de la Seguridad Social y el Welfare State), y mucho menos asociarse a la creación de un sistema de sanidad pública en España con una red hospitalaria y de atención médica a su servicio tal y como hoy lo entendemos.

Confundir la Ley de Accidentes de Trabajo para la Industria (1900), que establecía unas indemnizaciones limitadas cubiertas por un seguro de carácter voluntario, que se ampliaría a los trabajadores del mar (1919) y del campo (1932), con lo que entendemos hoy como Seguridad Social es un exceso o un ejercicio de voluntarismo.  Con la II República el seguro de accidentes para los obreros pasó a ser obligatorio, pero su aplicación real fue muy limitada. Independientemente de ello, para el lector actual, y esta es la omisión que usualmente se practica, hay que indicar que este tipo de seguros no cubrían la enfermedad sino solo las consecuencias del accidente.

La creación del Instituto Nacional de Previsión (1908) tuvo como primer objetivo el desarrollo de un sistema de pensiones de retiro. Los seguros sociales comienzan a ser una realidad a partir de 1919, pero hasta 1921 no se podrá hablar de la puesta en marcha de un seguro obligatorio de vejez para los obreros (retiro obrero). La segunda gran aportación sería el Seguro de Maternidad (1923), consistente en un subsidio para atender a los gastos del parto y asegurar el periodo de descanso maternal obligatorio (Primo de Rivera lo ampliaría en 1929 para asegurar a la madre la asistencia sanitaria). Este esquemático y débil sistema de protección social no se puede equiparar al concepto de Seguridad Social que podría vincularse a la Conferencia Internacional del Trabajo de Ginebra de 1927 y extendido definitivamente tras la II Guerra Mundial (por cierto, Franco en 1943 tuvo gran interés a la hora de conocer lo que estaba debatiendo en otros países y de ahí que siguió, tal y como revela la documentación de su archivo, el debate británico sobre la conocida propuesta de William Henry Beveridge de 1940-1944 que informaría las propuestas del partido laborista tras la guerra para reformar la Seguridad Social en el marco de la puesta en pie del nuevo Estado del Bienestar).

 La Constitución de 1931 incorporará lo que se conoce como el constitucionalismo social que preveía desarrollar la legislación que condujera a establecer un seguro de enfermedad y un sistema de seguros (art. 14, 15, 43 y 46). Tanto Primo de Rivera como la II República se plantearán la necesidad de desarrollar un Plan Sanitario Nacional. Pero no pasaron del enunciado o la promesa. El gran debate era la creación de un seguro de enfermedad (Marcelino Pascua en el primer bienio republicano) que se abordó en 1935 y finalmente adquirió entidad con un proyecto de 1936 que no pasó del papel.

Todo lo anteriormente citado se pueden considerar antecedentes en el camino de la creación de la Seguridad Social y de la sanidad pública en España como elemento del Welfare State. ¿Cuál era la posición de Franco ante un tema que estaba en el debate público? Algunos historiadores suelen hurtar en su relato sobre los inicios de la guerra civil que Francisco Franco, desde su Manifiesto en las Palmas, hizo continua mención expresa al mantenimiento y consecución de todo aquello que fuera una mejora en materia social. No es inexacto afirmar que el Generalísimo compartía los contenidos del constitucionalismo social de la época, y por tanto del concepto de seguros sociales/seguridad social opuesto al de Beneficencia. En consonancia con el pensamiento de la época ese modelo debía de basarse en una combinación de seguros y subsidios/prestaciones (salario indirecto). Cabría afirmar que lo que va a hacer Franco es asumir todo ese discurso sobre seguros y sanidad que llevaba un recorrido de casi cien años, entender que el camino era el marcado tanto en la Dictadura de Primo de Rivera como en la II República y el objetivo llevarlo a la práctica, hacerlo posible, hacerlo real.

En este esquema el origen de nuestro actual sistema sanitario y por extensión de la Seguridad Social, del impulso creador del Welfare State, está en las líneas de actuación que establece el mandato constitucional del Fuero del Trabajo (1938). En esta línea, en sus discursos de 1937-1938, Franco, además de mantener, siguiendo su promesa, lo ya existente anuncia la puesta en marcha de medidas de protección social pero también, con especial insistencia, la creación de hospitales públicos para tratar la enfermedad más grave de su tiempo, la tuberculosis (unos 30.000 muertos al año), sacándola de la vinculación a la beneficencia (Alfonso XIII) y subiendo un peldaño  sobre la actuación durante la República contra esta pandemia con una aportación propia (creación del nuevo Patronato Nacional Antituberculoso con su plan de construcciones). No sería excesivo situar en esta decisión el origen de la creación de una auténtica red sanitario-hospitalaria pública prácticamente inexistente en España más allá de los centros de la beneficencia y alguna que otra institución.

Recién acabada la guerra se produce la reforma del retiro obrero creándose el más amplio Seguro de Vejez (1-9-1939), mientras se desarrollaba toda una política de protección a la maternidad que reformaba el antiguo seguro. A partir de ahí se irán poniendo en marcha nuevos seguros como el de silicosis (1941), aunque comienza a plantearse la idea de la unificación de los seguros sociales (1939). Elemento capital del nuevo rumbo será, bajo la decisión del Ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad (14-12-1942) sobre el que venía debatiendo en España desde la creación del INP. Girón, como no podía ser de otro modo, partió del proyecto republicano de 1936, ampliando sus coberturas al garantizar  “una asistencia médica completa, tanto en los servicios de medicina general como en los de especialidades”, y establecer el esquema de la organización médica necesaria. El SOE es el origen de lo que hoy se conoce como Seguridad Social y está dentro de las coordenadas de la “irrenunciabilidad del derecho” que estableció el régimen de Franco. Cambio definitivo, revolucionario, porque atiende la enfermedad del trabajador y su familia, considerada de un modo extenso no nuclear, cubriendo la atención médica, farmacéutica y, en su caso, hospitalaria (en 1948 quedaron establecidas las coberturas sanitarias que son básicamente las mismas que hoy). Conviene en este punto recordar que antes del SOE la atención médica pública era casi inexistente, quedaban los hospitales de la Beneficencia como recurso. La medicina interna y la quirúrgica eran en realidad privativas para las clases populares y trabajadoras, pues dependía de su capacidad de ahorro o de algunos tipos de seguros mutuos. Esta era la situación que venía a cortar de raíz el SOE atendiendo a la población desde abajo.

El SOE se ponía en marcha en un momento político económico muy difícil, todavía dentro de los años más duros de la posguerra, con un Estado marcado por la imposibilidad de asegurar los abastecimientos exteriores y de obtener los necesarios créditos en el exterior para la reconstrucción. Esto provocó un lento arranque, porque el SOE necesitaba una red de atención médica y hospitalaria en ese momento muy reducida, lo que implicaba fuertes inversiones en tiempo de crisis y penuria. 

En 1944 se publica la Ley de Bases de la Sanidad Nacional que es el referente directo del actual sistema sanitario público. Un texto fundamental porque, en consonancia con lo explícito e implícito en el Fuero del Trabajo, establece que “incumbe al Estado el ejercicio público de la Sanidad”, por lo que va más allá de lo conceptualmente expuesto en la Constitución de 1931 (el estado prestará y asegurará). Una ley ambiciosa que presenta un concepto de sanidad muy amplio que nos lleva a la formulación del Estado del Bienestar.

La ley fija como objetivos prioritarios: la lucha contra la tuberculosis, el reumatismo y las cardiopatías, el paludismo (servicio de prevención contra el paludismo), el tracoma, las enfermedades de transmisión sexual, la lepra, la  dermatosis, el cáncer (Sección de Oncología de la Dirección General); la sanidad maternal e infantil; la higiene mental. Incluye además como elementos a abordar para una visión integral de la sanidad: la higiene en el trabajo, la educación física y el deporte, la higiene alimentaria, el saneamiento de las aguas, la potabilización, la propaganda/educación sanitaria, los balnearios y aguas mineromedicinales y la vivienda. En la misma se va indicando la necesidad de crear los centros sanitarios necesarios para hacer real lo dispuesto en la ley. Estamos pues ante un concepto amplio de sanidad, atención sanitaria, salud pública, que supera a los planteamientos anteriores.

Lo destacable –reiterémoslo–  es que la construcción del nuevo modelo se hace en un periodo lento de reconstrucción económica y social, estableciéndose su arranque real entre 1944 y 1948.Un tiempo tan difícil que era hasta casi imposible importar penicilina.

En 1944 el total de trabajadores asegurados al SOE era de 2.094.158. El SOE y la Ley de Bases obligaban al desarrollo de una red pública de establecimientos  en sustitución del inicial sistema de pagar a los hospitales privados por la atención de sus asegurados. En 1944 se pone también en pie el necesario Plan General de Instalaciones de Asistencia Médica que es el origen de nuestra red pública de atención sanitaria. Curiosamente, pese a las dificultades del momento, además de otros referentes, se desplazó a EEUU a uno de sus responsables para evaluar su modelo de centros hospitalarios y sus posibilidades de traslación a España. Iba a crearse una red que quedaría conformada por grandes residencias/ciudades sanitarias, residencias/hospitales, clínicas, ambulatorios, centros comarcales y dispensarios/consultorios junto con los centros maternales y pediátricos y de higiene rural para descender hasta las casas de socorro; a los que más tarde se unirían las Ciudades Sociales de Ancianos.

Sería imposible abordar esta cuestión en el espacio de un breve artículo, pero si se repasa el listado, desde la primera residencia inaugurada en 1949 hasta las que estaban levantándose o en fase inicial cuando Franco falleció en una de esas residencias sanitarias en 1975, es fácil percibir que ahí están la inmensa mayoría de los grandes hospitales españoles, centros de investigación, algunos situados entre los mejores de Europa:

Residencia Sanitaria Enrique Sotomayor, actualmente Hospital de Cruces de Baracaldo (1955); el Hospital de Vall d’Hebrón (1955); Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (1955); el actual Hospital Universitario Donostía, cuya base son la Residencia Sanitaria nuestra Señora de Aránzazu (1960), el Hospital Provincial (1960) y el Hospital del Tórax (1953); el Hospital Universitario La Paz de Madrid (1964); Hospital Puerta de Hierro de Madrid (1964); Hospital Universitario y Politécnico la Fe  de Madrid (1968); Hospital General Universitario Gregorio Marañón (1968); Nuevo Hospital Clínico San Carlos de Madrid (1969); el Hospital de Hospitalet de Llobregat (1972); Ciudad Sanitaria Juan Canalejo, actualmente Hospital Universitario A Coruña (1972); Hospital 12 de Octubre de Madrid (1973); Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca, actualmente Hospital Universitario, en Murcia (1975); el Hospital Reina Sofía de Córdoba (inaugurado en 1976); el Hospital Ramón y Cajal proyectado e iniciado en el régimen de Franco; el Complejo Hospitalario de Salamanca que tiene su origen en la unión de centros levantados por el régimen de Franco.

Además cabría citar, en una lista naturalmente incompleta, a la mayor parte de los principales hospitales existentes en las provincias españolas pero también los levantados en Guinea o Marruecos: Clínica 18 de julio, actual Hospital Policlínico de Segovia (1946); Hospital Virgen del Toro, actualmente transformándose en un centro para enfermos crónicos en Mahón (1951); Residencia Sanitaria Virgen del Mar de Almería (1953); Residencia Sanitaria Obispo Polanco de Teruel (1953); Residencia Sanitaria Onésimo Redondo de Valladolid, actual Hospital Universitario Río Hortega (1953); Residencia Sanitaria de Guadalajara, base del actual Hospital Universitario (1954); Hospital Río Carrión de Palencia, base del futuro Hospital Universitario de Palencia (1954); Residencia Sanitaria Fernando Zamacoa de  Cádiz derribada en 1975 para crear el nuevo centro sanitario inaugurado dos años después (1954); Residencia Sanitaria de Zaragoza, actual Hospital Universitario Miguel Servet (1955); Hospital de Bata en Río Muni; Hospital de Sidi Ifni; Hospital de Santa Isabel de Fernando Poo, Hospital San Carlos en la Guinea; Residencia Sanitaria Ramiro Ledesma Ramos de Zamora, actual Hospital Virgen de la Concha (1955); Residencia Sanitaria Álvarez de Castro de Gerona, actualmente Hospital Universitario Doctor Josep Trueta (1956); Residencia Sanitaria de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Badajoz (1956); Residencia Sanitaria General Moscardó, actualmente Hospital Universitario Arnau de Villanova de Lérida (1956); Hospital Universitario del Perpetuo Socorro de Albacete (1957); Residencia Sanitaria Capitán Cortés de Jaén, actual Hospital Médico-Quirúrgico (1957); Residencia Sanitaria de Alicante, actualmente Hospital General Universitario de Alicante (1956); Residencia Sanitaria Adolfo Gómez Ruiz de Orense; Residencia Sanitaria General Yagüe de Burgos (1960); Hospital General San Jorge de Huesca (1960); Hospital Provincial de San Sebastián (1960); Hospital General de Asturias y Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga (1961); Hospital Virgen de la Luz de Cuenca (1964); Residencia Sanitaria Nuestra señora del Pino en Canarias (1964); Residencia Sanitaria Nuestra Señora de la Salud de Toledo, hoy elemento fundamental del Complejo Hospitalario de Toledo (1965); Residencia Sanitaria Nuestra Señora de la Candelaria, actualmente Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife (1966); Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Alarcos  en Ciudad Real (1966); Hospital General de Castellón (1967); Hospital General de Galicia en Santiago de Compostela; Residencia Sanitaria San Jorge, hoy Hospital General San Jorge de Huesca (1967); Hospital General y Clínico de Tenerife, actualmente Universitario de Canarias en La Laguna, Tenerife (1971); Hospital Virgen Blanca de León, actualmente integrado, con el Princesa Sofía inaugurado en 1974, en el Hospital de León dentro del Complejo Asistencial Universitario de León (1968); Ciudad Sanitaria Carlos Haya de Málaga, ampliada desde la Residencia Sanitaria Carlos Haya inaugurada en 1956, actualmente Hospital Universitario de Málaga (1972); Residencia Sanitaria Montecelo de Pontevedra (1973); Hospital Santa Bárbara de Puertollano (1973); Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza (1974); Residencia Sanitaria Licinio de la Fuente hoy Hospital General de Segovia (1974); Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla (1974); Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila (1976). A partir de 1969 comienza la etapa de construcción de hospitales comarcales que se continuará y desarrollará tras la muerte de Franco.

Solo hemos citado lo que sería el armazón de la red sanitaria en sus centros de cabecera, por debajo de ellos queda la red de hospitales, ambulatorios y consultorios. A ello debemos añadir lo que es el desarrollo de los estudios de medicina y de formación continua del personal sanitario con la creación de los estudios de enfermería y para la formación de ATS junto con la configuración del sistema MIR vigente, quedando vinculada a esta red la formación del todo el personal sanitario.

Ahora bien, el resumen sintético de esta obra no podría considerarse completo si no mencionamos que al mismo tiempo se incidió en los programas de prevención que ya se iniciaron durante la guerra civil y la inmediata posguerra (señalemos las campañas de la Sección Femenina a favor de la maternidad, la infancia, la higiene…) junto con la aplicación del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La mejora de la salud no era solo un problema de atención médica, sino también de cambios sustanciales con la mejora de las redes de alcantarillados, la expansión de la llegada del agua corriente a las casas, la legislación sobre vivienda, la desecación de zonas pantanosas y hasta la lucha contra el tracoma y otros problemas de higiene de la inmediata posguerra con medidas como el reparto gratuito de las célebres pastillas de jabón Lagarto acompañadas de una cartilla de utilización.

Según datos incompletos de 1974-1975 el total de la infraestructura sanitaria creada se desglosaba en: 15 Ciudades Sanitarias más 2 Centros especiales y el Centro Nacional de Rehabilitación de Parapléjicos; 65 Residencias Sanitarias; 7 Hospitales Clínicos; 242 ambulatorios, más otros 207 ambulatorios provisionales; 260 Consultorios y 6 Centros de diagnóstico y tratamiento junto con otras instalaciones de nivel local. Habría que añadir toda la infraestructura de centros de investigación y protección hasta descender a las Casas de Socorro. También habría que incluir en esta red pública sanitaria la sanidad militar con sus hospitales.

La transformación del modelo creado por el SOE en lo que hoy conocemos como la Seguridad Social se inicia con el Decreto de junio de 1957, que anunciaba la realización de un Plan Nacional de Seguridad Social reuniéndose una comisión a tal efecto (1958). Esta, partiendo de lo creado, asumiendo los defectos y los problemas de un sistema de seguros sociales edificado a golpe de decreto desde el Ministerio de Trabajo, planificara el futuro. El anteproyecto de Ley de Bases de la Seguridad Social estaba sobre la mesa de Franco en agosto de 1963, siendo enviado a las Cortes para su debate en octubre, quedando la ley aprobada en diciembre de 1963. No vamos a entrar en el análisis de una ley cuyo elemento más significativo para nuestro breve análisis es su consideración de punto de partida dentro del concepto dinámico legislativo habitual en el régimen de Franco. De hecho el modelo se sometería a una revisión del sistema que se estaba poniendo en marcha por parte de la OMS en 1967 mientras se continuaba con el desarrollo legislativo (Articulado de la Ley de Bases de la Seguridad Social -1966- y las subsiguientes regulaciones delos Regímenes Especiales). Concluiría el ciclo con la Ley 24/1972 y la refundición legal de 1974 (Decreto 2065/1974). Es necesario introducir estos breves referentes porque la Seguridad Social actual es el resultado de la continuidad y adaptación de la creada por el régimen de Franco al nuevo marco legal cuyos pasos fundamentales fueron el Real Decreto 36/1978  junto con las reformas de 1985, 1997 y 2006, así como la Ley General de Sanidad de 1986 del ministro socialista Julián García Vargas que es continuista con lo legislado por Franco. Aún hoy, transcurrido casi medio siglo, permanecen prácticamente casi inalterables no pocas normas (el Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria solo ha sido modificado en 2014 para incluir lo referente al Ébola).

Queda como última revisión necesaria abordar el grado de vinculación entre el modelo de Seguridad Social y su red sanitaria edificada por el régimen de Franco con la instauración del Estado del Bienestar en España. Todo ello ante el manifiesto interés de retrasar la aparición de este último  hasta el actual sistema democrático. Cuando la propaganda y la relectura interesada se revisan a la luz de la documentación creo honestamente que se clarifica la realidad.

Desde 1963 se hace evidente que el modelo de Seguridad Social que establece la ley aspira a la universalidad, a diferencia del modelo del SOE que estaba dirigido a la totalidad de los trabajadores por cuenta propia o ajena. En 1975 el total de la población se situaba en 35.5 millones de habitantes, de ellos 10.908.134 estaban asegurados y quedaban cubiertos 30.336.631 españoles, todos los trabajadores españoles (cubre a las clases medias y a las clases populares). Las prestaciones sanitarias contempladas eran básicamente las mismas que hoy. La transformación de la Seguridad Social en elemento clave del Estado del Bienestar se produce en los años sesenta. Si nos ceñimos, por ejemplo, a las propuestas para el III Plan de Desarrollo publicadas en 1971 podemos ver, con claridad, cómo se ha configurado ese Estado del Bienestar en este aspecto (correlativamente se ha establecido una educación obligatoria gratuita, se ha impulsado una red pública educativa y se establece como horizonte por la ley de 1970 la gratuidad del Bachillerato y la FP).

Con el III Plan de Desarrollo se define la Seguridad Social como “instrumento eficaz de una política de rentas progresivas”. ¿Qué elementos/objetivos conforman esta nueva Seguridad Social inmersas en el concepto de Estado del Bienestar?:

a)  un sistema de pensiones de retiro que van a homogeneizarse, “así como a su revalorización y actualización periódica, teniendo en cuenta los salarios percibidos por los trabajadores en activo y los superiores niveles de vida a que vaya accediendo la comunidad”;

b) el perfeccionamiento continuo de los servicios sanitarios;

c) aumento de las prestaciones de desempleo “con una especial atención para el caso de los trabajadores mayores de cuarenta años y minusválidos y para la situaciones del paro estacional”;

d) se “incrementarán y perfeccionarán los programas de prevención, seguridad, higiene y bienestar en el trabajo, recuperación profesional y empleo de minusválidos, acción formativa general y de adultos y demás servicios sociales”;

 e) protección de los emigrantes (“que abarque la totalidad del proceso emigratorio y dispense la asistencia y los servicios adecuados en el orden laboral, económico, familiar, educativo, cultural, de la Seguridad Social y de la formación profesional. Así mismo se facilitará su reinserción laboral y social en España”,

f) asistencia social, fomentándose “la acción de las Corporaciones locales y entidades privadas, en orden a la creación y sostenimiento de instituciones para la infancia, juventud, ancianos  y minusválidos”; promoción de “los servicios sociales voluntarios y la acción social profesionalizada”;

g) Plan Nacional de Promoción Profesional y Social de Adultos, con construcción de centros y atención a 800.000 trabajadores;

h) construcción de residencias, hogares, clubs de ancianos y centros geriátricos.

Mucho más se podría anotar, pero con lo dicho es suficiente para situar al lector ante la realidad frente al habitual oscurecimiento con que se aborda este tema.

Franco y su política medioambiental en los tiempos de la Cumbre del Clima

Tiene lugar en Madrid, en estos días, del 2 al 13 de diciembre, la 25 Cumbre del Clima para debatir y buscar respuestas ante las previsiones del denominado cambio climático, los efectos de la contaminación y otras cuestiones adyacentes que van a amparar, entre otras propuestas, la creación del llamado “banco verde”. Al que, naturalmente, habrá que dotar de fondos que repercutirán, sin duda, en el bolsillo de todos.

Coincide la Cumbre, por el año, con el 75 aniversario del fundamental Plan Nacional de Repoblación Forestal del primer gobierno de Francisco Franco. Coincidencia destacable cuando tanto se habla de la problemática de los procesos de desertificación que supongo no estarán ausentes en los debates de la Cumbre del Clima.

Resulta cuanto menos significativo que en 1938 Franco hiciera suyo un doble mensaje, el de la repoblación forestal y el de las obras hidráulicas; pasando a formar parte de lo que sería su programa político. Masas vegetales y agua son elementos clave en relación al clima.  Pero agua y espacios verdes eran asignaturas pendientes en España casi desde los atisbos de reforma enunciados en los gobiernos de Carlos III (ya se planteaban los problemas de aridez y de riego). No se ha subrayado suficientemente la cohesión y complementariedad de ambas políticas durante el régimen de Franco. Fueron casi simbióticas. Algo fácilmente perceptible cuando se comparan las gráficas de inversión en repoblación forestal y obras hidráulicas en la década de los cincuenta.

Franco era un hombre que amaba la naturaleza, que se sentía libre en ella. Retratar paisajes naturales era una de sus aficiones. Había vivido en los espacios abiertos durante la guerra de África y hasta la guerra civil otra de sus aficiones fueron las excursiones familiares. Es de sobra conocido que, en sus numerosos y habituales viajes, muchos de ellos para visitar la España interior e inaugurar escuelas, barrios, viviendas sociales, pantanos, presas, puentes, centrales eléctricas, hospitales…, llevaba una libretilla en la que anotaba las necesidades que observaba, especialmente las referidas a la repoblación forestal para eliminar la aridez y contribuir a la mejora de las zonas que veía. Notas que después utilizaba en los Consejos de Ministros para interesar al Ministro del ramo en el asunto. Más allá de la anécdota queda la obra realizada a resultas de aquellas notas.

Alguno, sin duda, habrá mostrado su sorpresa por el título de este artículo, afirmando la existencia de una política medioambiental en el régimen de Franco. Esta, a falta de estudios más específicos, estaría centrada, a mi juicio, en tres ámbitos: la repoblación forestal, el planteamiento hidrológico y sus vinculaciones energéticas, la protección y promoción de los espacios rurales.

Franco debía de conocer las acciones puntuales de repoblación forestal realizadas durante el reinado de Alfonso XIII; en los años veinte se habían hecho en su Galicia natal. También debía tener constancia de la Ley de octubre de 1935 (recordemos que entonces era Jefe del Alto Estado Mayor a las órdenes del Ministro de la Guerra) que creaba el Patrimonio Forestal del Estado. Cuando se subleva en Canarias anuncia que va a continuar con las políticas sociales y económicas que mejoren la vida de los españoles. 

El 21 de junio de 1938, mediante un decreto, se anuncia la elaboración de un Plan Nacional de Repoblación Forestal que sería aprobado en 1939. Como sería habitual, tanto en este aspecto como en el de la política hidráulica, confía su elaboración a los técnicos, a los ingenieros (Luis Ceballos y Joaquín Ximénez). El plan implica una transformación radical del paisaje español a realizar durante varias décadas. Lo que se iban a prefigurar eran unos “planes decenales” que preveían repoblar mediante inversión (no porque el bosque ganara espacio de forma casi natural como ha sucedido en las últimas dos décadas) y la acción directa 600.000 hectáreas en cada período. Esta política se mantendría, aunque en descenso en los últimos diez años, hasta 1984.

En el primer decenio no se cumplirían las expectativas debido a la mala situación económica consiguiendo reforestar 480.000 hectáreas. Sin embargo entre 1953 y 1966 se reforestan casi 1.6 millones de hectáreas, superándose en algunos años las 100.000. Tanto el I como el II Plan de Desarrollo continuarían con esta política. Así, entre 1967 y 1972, se sumarían casi 500.000 hectáreas. En total hasta 1984 se reforestarían, siguiendo esta línea política, más de 3.6 millones de hectáreas. Unos 3 millones hasta 1975. Una política que sería premiada y alabada internacionalmente.

Una labor realizada desde el Patrimonio Forestal del Estado, al que sucedería en 1971 el ICONA. Junto a este anotemos: instituciones creadas a tal efecto como el Servicio Especial de Semillas (1955), la promulgación de la legislación necesaria o la labor encomiable para participar en la repoblación forestal del Frente de Juventudes primero y de la OJE después. Todo ello implicó fuertes inversiones, especialmente en los años cincuenta, ya que en un 91% esta repoblación forestal directa fue obra del Estado. 

En esos años se creó una mentalidad propicia a la repoblación forestal y posteriormente al cuidado del medio ambiente. Una política que tuvo su complemento en la actuación del Instituto Nacional de Colonización (recordemos que se crearon 264 pueblos, construyéndose unas 30.000 viviendas en una arquitectura integrada en el paisaje con zonas verdes internas -parques- y externas en su corona) y en general de todo la obra de Colonización. Recordemos, por ejemplo, como muestra del impulso a esa mentalidad la creación de los Premios Forestales del Estado. Un Estado que también fijaba periódicamente zonas de especial interés para la repoblación como fueron los casos del Valle de los Caídos (1941), las zonas de embalses y pantanos o la de la Casa de Campo de Madrid.

Estamos ante una obra fruto de una decisión política que a la vez implicaba, cuando no era usual, una mentalidad propicia al cuidado del medio ambiente y a la lucha contra la desertificación (desde mediados de los cincuenta se prestó especial atención a la repoblación forestal en zonas de clima seco). La repoblación forestal se dirigió hacia los montes, las zonas próximas a los pueblos y las de carácter hidrológico vinculadas a las obras hidráulicas y a la fijación del suelo ante las avenidas. No solo eso, sino que al mismo tiempo se prodigaron las intervenciones para la consecución de la recuperación del suelo actuándose hasta 1975 sobre cerca de 1 millón de hectáreas.

¿Cuál es la consecuencia de esta expansión de las zonas verdes? Cualquier estudiante las podría recitar de memoria. Pero destaquemos: la recuperación ecológica, la creación de un gigantesco pulmón, la recuperación biológica de grandes espacios, la riqueza económica y, hoy diríamos, la lucha contra el llamado “cambio climático” y especialmente contra la desertificación. También la aparición de nuevos parques y espacios naturales.

Acompasada a esta política, como líneas paralelas, hay que decir lo mismo con respecto a la política hidráulica. También en esto Franco debía de conocer los planes y proyectos que estaban en el aire, todo lo tantas veces anunciado y casi nunca iniciado. Cuando acabó la guerra, el Generalísimo pidió toda la información acerca de la situación de estas obras encontrándose con la desagradable realidad de que solo había papel. Llevar a efecto lo proyectado, ampliarlo exponencialmente… era su proyecto. Fue decisión personal suya transformar la España seca y árida en España verde. Crear manchas verdes a partir de la transformación del secano en regadío con todo lo que ello significa.

Los datos están ahí y son de sobra conocidos. En total son obra de Franco, de la decisión política de Franco, la construcción de casi unas 600 presas y pantanos, ya que añadimos aquellas obras en ejecución pero que fueron inauguradas en los primeros años de la Transición; junto a ellas kilómetros y kilómetros de canales. Las cifras varían según los autores y el modo de contabilizar. Se suele hablar de que al acabar la guerra la capacidad de embalse española era de unos 2.300 millones de metros cúbicos, alcanzándose en 1975 los 24.000 millones. Otros indican que la cifra inicial sería de unos 4.000 millones, pero la final sería de unos 36.000 millones. ¿Qué supuso este incremento? Hasta 1975 la transformación en regadío de 1.4 millones de hectáreas (otros hablan de 1.1 millones), pero que debemos incrementar, debido a que las transformaciones derivadas de las obras realizadas y de las que se inauguraron tras la muerte de Franco, pero proyectadas e iniciadas por el régimen de Franco, no están contabilizadas.

No solo el regadío, que crea auténticas manchas verdes en España, fue la resultante de aquellas impresionantes obras de ingeniería. Es que esas obras permitieron que la producción hidroeléctrica pasara de 5.000 millones de kilovatios a 24.000 millones. Una energía limpia. Al mismo tiempo dio vida a una auténtica red de mares-lagos interiores (somos uno de los países con mayor número) que también contribuyen a luchar contra la desertificación y a generar recursos económicos en las zonas a través del turismo. Obras que permiten a los españoles beber agua todos los años, pese al descenso de las precipitaciones (según se afirma por efecto del calentamiento global y del consecuente “cambio climático”). Al igual que en el caso de la repoblación forestal, esta ingente masa de agua, recogida en lagos y mares artificiales (cabría hablar del mar de Extremadura), crea nuevos espacios de biodiversidad, hábitats para especies vegetales y animales que hoy forman parte de la red de espacios naturales protegidos.

No se cierra aquí la cuestión de la política medioambiental del Estado de las Leyes Fundamentales. Recordemos que la preocupación por el medio ambiente empieza a ser un tema importante a finales de los años sesenta abordándose en las Naciones Unidas (Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano), planteando la necesidad de que el tema medioambiental se integre en  el desarrollo socioeconómico. La España de Franco toma nota de ello y lo incluye dentro del proyecto de lo que será el III Plan de Desarrollo (1972-1975), creándose en 1971 el Comité Interministerial para el Acondicionamiento del Medio Ambiente, porque España no es ajena al hecho de que el crecimiento industrial, el desarrollo, ha traído cargas medioambientales a las que ahora, alcanzado el desarrollo, se  puede hacer frente. 

La política medioambiental de los gobiernos de Franco se orienta hacia dos espacios: primero, la lucha contra la “degradación progresiva” en zonas concretas (ríos del norte, las playas intensamente urbanizadas y las concentraciones industriales en las ciudades…); segundo, para la “revalorización del espacio rural y defensa de la naturaleza”.

Así se encarga la realización de un estudio para: diagnosticar los problemas en cada zona, señalar las cuestiones más acuciantes, “establecer directrices y medidas a adoptar ante los problemas prioritarios”, establecer los “instrumentos adecuados para poner en vigor estas medidas” y encargar a los organismos públicos el “control de las actuaciones”. Actuaciones que deberán ser radicales: “Las medidas que hayan de adoptarse para la corrección, protección o mejora del medio ambiente habrán de ser de diversos tipos: prohibiciones, restricciones, medidas, disuasorias, autorizaciones condicionadas, recomendaciones, normas obligatorias, directrices, acuerdos, consorcios y planes generales”. Entre otras medidas concretas se plantea para la lucha por la mejora del medio ambiente: la “desulfuración de los gases de fueloil y depuración de gases residuales que contienen anhídrido sulfuroso”, la “lucha contra la contaminación de las aguas” y el “control del ruido ambiental”.

Ahora bien, en cierto modo, el III Plan de Desarrollo también se propone enfrentarse a los procesos de abandono de actividades en el medio rural. Desde la guerra civil Franco había mostrado su interés por potenciar el turismo. A lo largo del régimen se va a desarrollar el interés por el turismo de interior o rural. Ahí está la promoción de los Paradores de Turismo o el programa de recuperación del patrimonio cultural y la restauración de edificios en no pocos pueblos. Pero también se plantea en el III Plan de Desarrollo, en lo referente  la defensa de la naturaleza, la “actuación para la protección y defensa de las zonas forestales y su utilización con fines recreativos”. En esta línea se afirma que merced a esta política: “el medio rural dejará, por tanto, de concebirse exclusivamente como lugar donde se desenvuelven las actividades agrarias, para constituir además, reservas y parques nacionales y otros lugares de esparcimiento, elementos primordiales en la moderna civilización del ocio”.

No está de más recordar todo esto cuando hoy se habla de los problemas climáticos y medioambientales, de la España vacía y de la desertificación.

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