Francisco Torres García

La estantería del historiador

Categoría: Memoria histórica (Página 2 de 11)

Asco y vergüenza tras el ahorcamiento de una Cruz

Hay imágenes que causan asco y vergüenza, rabia e impotencia, pero que muestran el grado de misería y cobardía moral, de podredumbre y servilismo, del gobierno y de todos y cada uno de los cargos, desde diputados a concejales, del Partido Popular.

400 días ha estado el pueblo en Callosa de Segura defendiendo la Cruz de los Caídos, con sus 81 nombres de víctimas de la guerra civil del bando nacional, víctimas de los que hoy hasta el PP proclama como los “buenos”. Mujeres de edad con sus sillas y termos, en invierno y en verano, protesta popular, Numancia redivida, que han estado a los pies de la Cruz para parar el desaguisado que al fin han perpetrado un alcalde socialista, que lo es gracias a los votos podemitas y de otros especímenes de la izquierd, con la inestimable ayuda, eso sí, del gobierno.

Y ¿qué culpa tiene el PP de eso?, me dirán los lectores de “derechas de toda la vida”, fieles votantes del PP, tan fíeles como la mayoría de los movilizados en Callosa (que por cierto presentaron más firmas en defensa de la Cruz que votos tiene toda la izquierda allí) que son votantes del PP de toda la vida. Pues tiene toda la culpa, tanto por ser colaborador necesario que como por pecado de omisión.

En Callosa no solo era una cuestión de recuerdo a los caídos del pueblo. Algo a lo que según la literalidad, no la aplicación ni el espíritu, de la LMH vigente tienen derecho -el PP naturalmente defiende la lectura de la izquierda-; era también una demostración de odio a la Cruz por lo que esta significa. Y no es una excepción: ¿acaso no hemos visto cómo, sin contemplaciones, una pala destrozaba una Cruz en un pueblecito?

Esta madrugada hemos visto cómo los esbirros ahorcaban en Callosa una Cruz, protegidos, eso sí, por la fuerza pública. Lo han hecho porque los vecinos se han quedado solos, porque eso que llaman derecha prefiere que caiga una Cruz antes que enfrentarse ideológicamente a la izquierda, ser llamados franquistas o perder el sillón (mejor perder la dignidad que la mamandurria).

No, no exagero. El edil de Callosa, socialista por más señas, lacayo que busca hacer méritos ante su señor -ese Sánchez al que tanto está dispuesto a acariciar está Mariano-, ha conseguido lo más fácil -no era lo más difícil como alguien pensaba- que la Subdelegación del Gobierno, el PP, en vez de amapararse en los recursos presentados, enviara a la Guardia Civil en número imponente a despejar la plaza para ahorcar la Cruz. Lo ha hecho porque como son los defensores personas normales, nada violentas, padres, madres y ancianos, no era necesario esconderlos en hoteles y barcos ante la respuesta a su labor (¿recuerdan lo sucedido en Cataluña no hace tanto?). Lo ha hecho porque ni les daban miedo, ni era necesario el frío cálculo político de la conveniencia (¿recuerdan cómo el gobierno no ha activado la euro orden para detener al delincuente Puigdemont en Dinamarca?), porque estiman que eso no les va a costar ni un voto y que además, cuanto más se ciscan en lo que estos piensan más les votan.

Pero es aún más grave porque el gobienro y la Delegación del Gobierno sabían que el derribo estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y que se esperaba resolución de las medidas cautelares. El Delegado del Gobierno tenía la obligació de instar al alcalde a esperar la resolución antes de actuar. La resolución iba a llegar esta mañana. ¿Tenía el alcalde noticia de la resolución y por eso actuó de madrugada? El alcalde sacó a los obreros de la cama -ya se sabe cómo respetan al trabajador estos individuos-. La subdelegació, en una actuación cuanto menos connivente, envió los guardias. Derribaron la Cruz y a primera hora llegó la orden del TSJ que obligaba al alcalde a no derribar la Cruz. ¡De ahí las prisas del alcalde y de la delegación gubernativa del PP! Una burla a la justicia y a los tribunales.

Ls Cruz ha caído no solo porque el gobierno del PP no haya derogado una ley totalitaria como la de la memoria histórica vendiéndose a un concepto ideológico de la izquierda, sino porque ni tan siquiera ha tenido el valor político de ampararse en la literalidad de la ley para defender el derecho de los otras 80.000 víctimas de la guerra civil; porque a no pocos de sus alcaldes y concejales les falta tiempo para aplicarla -colaboracionismo impulsado por Génova 13-.

Y en el colmo de los despropósitos, ahora, manda a los guardias contra los manifestantes, contra sus votantes, para ahorcar una Cruz.

¡Cobardes, cobardes y cobardes¡ No existe otro calificativo más apropiado. Tanto lo son, que ya han anunciado su abstención ante la propuesta de Ley del PSOE, aún más totalitaria, que facultará para derribar cualquier “homenaje”, es decir cualquier Cruz o lápida, que exista en una Iglesia o en un Cementerio; esa que vulnera no pocos artículos de la Constitución y que convierte en juez y fiscal a un político para que persiga el delito de opinión. Esa propuesta que Ciudadanos piensa votar a favor porque Rivera también prefiere el sillón al principio de Libertad que afirma defender.

No solo es culpable el que odia, porque forma parte de su credo político, sino también el que lo permite y coadyuva a que el odio pueda actuar, incluyendo a los que se refugían en el ambiente crapulesco de la abstención.

El PP ha dado barra libre para ahorcar y destruir cruces y no le importa, si es necesario, mandar a los guardias. Así de simple.

PD: No sé si a estas horas aún seguirá detenido el joven falangista que para impedir el ahorcamiento se encadenó a la Cruz como última defensa. Tampoco sé si a esta horas los concejales de Callosa del PP han roto sus carnés y se los han enviado a Mariano en un orinal.

(Publicado en Diario Ya 3-1-2018)

Las medallas murcianas de Franco

Leo al cronista oficial de Murcia, señor Botías, explicarnos en La Verdad lo de las medallas del Ayuntamiento y la Diputación que le concedieron a Franco en 1945. Esas que los podemitas murcianos reclaman al alcalde Ballesta del PP que retire a Su Excelencia el Generalísimo. Lo que estimo este hará encantado de la vida, aunque supongo que a estas alturas a don Francisco le importará un pimiento.
¡Lo mismo piensa que hasta que unos comunistas reciclados le quiten una medalla es un honor y no un agravio!
Se luce el cronista para salvar los muebles en el relato (es curioso que nos ilustre e ironicé con lo publicado por Línea -diario falangista entonces-, pero se olvide de mostrarnos lo que decía La Verdad, que supongo no se quedaría atrás en el incienso y el peloteo) con su crónica de la visita del Caudillo a Murcia (Preston y Viñas también escriben Caudillo así, en mayúsculas y sin comillas).
Me llama la atención en el artículo ese lenguaje con el que intenta disimular una realidad palmaria que se escurre a borbotones entre sus líneas: la popularidad de Franco (lógicamente entre los suyos que eran muchos, muchísimos, y algunos hasta con apellidos de los que hoy andan por Murcia en política y hasta en periodismo).
Y aunque el señor Botías busque como disimularlo, lo cierto es que Franco fue recibido por una multitud entusiasta que sí que llegaba al Malecón. Y de ello quedan muchas fotos y hasta algunos testigos.
El problema es que eso es lo que molesta a no pocos,  la multitud; porque ya se sabe que Franco era un señor que lo hacía todo el solito.
Busca el señor Botias la chanza irónica con eso de la unanimidad en la concesión, como si alguien obligara a la entrega de medallas (hasta el Barça que era más que un club le impuso tres a don Francisco). Era simplemente lo normal. No en vano eran todos los gestores de la Diputación y los concejales franquistas (podía el cronista haber hecho el listado como curiosidad en los apellidos), y al cargo no obligaba ni don Francisco.
Y, la multitud, no era exageración de la época, como nos insinúa el señor Botías. No hubo cordones de seguridad  que como señala controlara el entusiasmo -siempre me río cuando veo esos cordones y comparamos con la actualidad- y, ciertamente, sí hhubo estrujamiento al Caudillo como demuestran las fotos.
Era así en Murcia y en muchas partes.
El problema con Franco de casi todos los escribanos, escribientes, tertulianos e historiadores, es que se les hace cuesta arriba reconocer que eran muchos, muchos, los españoles -también los murcianos- que estuvieron con Franco o le apoyaron.
Claro que lo mismo con la LMH le pegan fuego a las fotos y se destruyen las cintas de película para borrar la historia, porque lo de la autocensura hace tiempo que me parece una realidad; aunque me gustaría estar equivocado.

PD: Le faltó al articulista decir que aquellos manifestantes estaban a la fuerza, que les daban bocadillos y que había guardias armados para que gritaran ¡Franco, Franco, Franco! Ese señor bajito que hacía pantanos y trasvases con lo que a Murcia le hizo algún favor.

Ante el intento de censura de mi libro «La vida por José Antonio»

Hace unas semanas la Asociación Almería 1489 contactaba conmigo para estudiar la posibilidad de presentar allí mi último libro «La vida por José Antonio. Entre la represión y el olvido» (Ediciones Barbarroja 2017); resultado de una prolija investigación sobre fuentes orales y documentales que en sus 199 páginas incluye, como aparato crítico, 189 notas con referencia a las fuentes.

La citada Asociación pidió para la presentación de este libro, y no para otra actividad, la cesión de un espacio público -los espacios públicos son de todos los ciudadanos y no pueden denegarse en función de las inclinaciones u opiniones de quienes son solo sus gestores- en el Gabinete Didáctico del Museo de Almería, en el que, según me han informado, se realizan este tipo de actos, para el próximo 10 de junio.

El pasado 25 de mayo, don Alfredo Valdivia Ayala, Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, denegaba la cesión del espacio alegando que, tras «estudiar el contenido del libro» entendía que el uso de la sala del Museo de Almería para la presentación de este libro «contradice» el artículo 32.12 de la Ley 2/2017 de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, sin explicar, naturalmente, ni acompañar el informe indicando por qué el acto o el contenido del libro la «contradice». Lo que para este modesto Catedrático e Historiador se revela como muestra de que el citado don Alfredo Valdivia o sus asesores no solo no se han leído el libro, sino que además presupone que se va a cometer en el acto una ilegalidad o paralegalidad, o que no se va a utilizar para los fines indicados por los organizadores, y por ello actúa con evidente ánimo censor.

Don Alfredo Valdivia podía haber denegado la cesión del espacio alegando que no le gusta el libro o que, por sus ideas o tesis, no le gusta este autor, pero ello equivaldría entonces a la vulneración por parte de un cargo público de lo establecido en el artículo 14 de la Constitución. Pero no, lo ha hecho en función del artículo 32.12 de la Ley 2/2017 citada, por lo que, a tenor de lo dicho, me parece que no se ha leído el texto; si es que él o sus asesores han revisado mi libro y no se han quedado en un título que me temo que tampoco han sabido leer correctamente.

Lo que más me llama la atención es que con su decisión el señor don Alfredo Valdivia podría ser acusado de ir contra lo dispuesto en la llamada «Ley de la Memoria Histórica» (Ley 52/2007 de 26 Diciembre), al impedir o boicotear lo dispuesto en su artículo 1º,  e incluso en su artículo 4º. Según se establece en esta Ley -los poderes públicos no solo deben cumplir lo dispuesto sino también garantizar su cumplimiento- en su artículo 1º, su objeto es «reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, procurar su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar», y el artículo 2º establece que se «declara el carácter radicalmente injusto de todas la condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil» (después viene una coma). Lo que quiere decir que se considera con derecho a memoria a las víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos, a todas (debo recordar que esta ley fue realizada por el PSOE).

Y de qué trata mi libro, resultado de una investigación histórica y no concebido como un panfleto, «La vida por José Antonio. Entre la represión y el olvido». Pues precisamente de eso, de 223+2 víctimas de la Guerra Civil; la historia de los ejecutados o asesinados por los republicanos, o mejor dicho bajo el gobierno del Frente Popular, en Alicante entre 1936 y 1939. Ergo, este trabajo puede acogerse a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley de Memoria Histórica, y el señor Alfredo Valdivia podría con su decisión caer en la vulneración por parte de los poderes públicos de lo indicado por la ley.

Pero es aún más grave lo hecho, porque lo que el señor Alfredo Valdivia, Delegado de Cultura…, hace en el escrito que firma es presumir que el acto o la intervención del autor va a ser contraria a lo dispuesto en la Ley 2/2017 (parece que para el señor Valdivia somos culpables o reos a priori). Debo, sin embargo, recordarle al señor Alfredo Valdivia que se trata de la presentación de un libro y no de un acto político, pero es que, además, atendiendo a lo escrito en el mismo no es posible presumir que el acto pueda vulnerar la ley.

Aclaremos. El artículo 32.12 de la Ley 2/2017 establece 3 circunstancias que pueden «contradecir» -según el verbo utilizado en el escrito- lo dispuesto en el mismo:

a) «que el acto entrañe descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas» (se entiende que del franquismo). ¿Cómo puede un libro que no habla de esas personas, porque se ocupa de los asesinados/ejecutado en zona frentepopulista entre 1936 y 1939, incurrir en ello? ¿Cómo puede este autor menospreciar o humillar a unas víctimas cuando su trabajo no se refiere a esas personas y los protagonistas no pudieron practicar represión alguna en el franquismo porque estaban muertos?
b) «exaltación del golpe militar o del franquismo». Evidentemente, si el libro trata de hechos sucedidos en la zona republicana, concretamente en Alicante, hasta la caída de la II República, ¿cómo va a exaltar el franquismo si el libro no trata del franquismo, salvo que este existiera en dicha zona republicana, lo que no parece probable? Si el señor Alfredo Valdivia o sus asesores hubiesen, como dicen, revisado el libro hubieran caído en la cuenta de que tampoco se «exalta el golpe militar», pues no se entra a analizarlo sino solo a relatar cómo se produjeron los hechos en Alicante en razón de lo que aconteció a las víctimas de la Guerra Civil de las que se ocupa el libro o a relatar cómo los falangistas participaron en Alicante en la sublevación contra la República gobernada por el Frente Popular.
c) que el acto entrañe «homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaran el golpe militar y la Dictadura». Evidentemente, aunque este autor quisiera no podría otorgar distinciones de ningún tipo -eso lo hacen los poderes públicos o asociaciones- a los 223+2 protagonistas de su libro, porque murieron durante la Guerra Civil asesinados o ejecutados; personas que en esas circunstancias tampoco pudieron apoyar a la Dictadura. ¿Entonces qué se vulnera o se puede vulnerar? Y, en último lugar, lo que se hace es analizar los hechos y relatar cómo fueron ejecutadas o asesinadas estas personas -sin caer en retórica truculenta- y las razones por las que esto sucedió, analizando también jurídicamente, en virtud de las leyes republicanas aplicadas, las sentencias de los Tribunales Populares. Todo esto no constituye homenaje alguno, sino solo recuperación de esa memoria a la que también ellos tienen derecho, según se desprende de la Ley 52/2007, aunque el señor Alfredo Valdivia parezca olvidarlo.

Abundando en lo dicho, si el señor don Alfredo Valdivia se hubiera leído el libro, aun cuando fuera sucintamente -me brindo a hacerle llegar un ejemplar dedicado y otro para la Biblioteca del Museo de Almería si me lo piden-, y no se hubiera quedado, como me parece, solo con la portada y el título, que entiendo estima como muestra de esa posible «exaltación y homenaje» a José Antonio Primo de Rivera, se habría dado cuenta de que el libro no es una biografía del fundador de la Falange, que adquiere protagonismo en un capítulo en el que se narra cómo fue su ejecución y la de los cuatro jóvenes que le acompañaron, sino que el título es una descripción del contenido: la historia de los falangistas que fueron asesinados o ejecutados en Alicante por haberle seguido o compartir sus ideas; los asesinados lo fueron, evidentemente, en función de sus ideas, por razones políticas. Y ello no es una exaltación sino una constatación.

Pero es que, además, me veo en la obligación de recordarle a don Alfredo Valdivia que José Antonio Primo de Rivera también fue víctima de la Guerra Civil y no es que lo diga yo. Implícita o explícitamente así lo reconoce el texto de la Comisión creada por José Luis Rodríguez Zapatero al objeto de dilucidar el futuro del Valle de los Caídos, siendo base de lo dispuesto en la Ley 52/2007, y también la reciente Proposición No de Ley presentada por el PSOE y apoyada por la mayoría de la Cámara (PSOE, Ciudadanos y PODEMOS entre otros). Lo hacen al reconocer que los restos de José Antonio pueden continuar en la Basílica del Valle de los Caídos, aunque trasladándolos de sitio, porque también es «víctima»; lo que también llegó a reconocer en televisión la socialista Eva Llarandi, integrante de la Asociación 13 rosas.

Desde mi punto de vista, para concluir, estamos ante un intento indirecto de censura envuelto en un legalismo erróneo que, además, afecta al honor del autor por la acusación implícita que se hace sobre su posible intención de humillar a las víctimas. Decisión que vulnera el derecho a la libre expresión y que quiero denunciar en la medida de mis posibilidades.

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