La red sanitaria
pública española, tensionada, pero capaz, a pesar de las enormes dificultades y
falta de previsión con la que ha tenido que afrontar el mayor reto sanitario de
los últimos cincuenta años, ha demostrado su valía al ser capaz de obtener la
curación de decenas de miles de españoles.
En este marco, para los
españoles, los centros hospitalarios han adquirido una notoriedad social
importante revalorizándolos aún más. Ahora bien, tras la eliminación de las
placas que recordaban sus instantes fundacionales y los cambios de nombre, la
mayor parte de la población ignora que nuestra red sanitaria-hospitalaria
actual, nuestra sanidad pública, es una obra realizada por el Estado de las Leyes Fundamentales, por el
régimen de Francisco Franco. De hecho no pocos de los grandes hospitales
españoles, por no decir la inmensa mayoría, llamados entonces ciudades o
residencias sanitarias, algunos de los cuales están entre los mejores de
Europa, fueron inaugurados por Francisco Franco.
Es usual oír,
casualmente con cierta insistencia en estos momentos, un bulo –ahora que se han
puesto tan de moda– recurrente: “Franco no creó la Seguridad Social”, lo que a
los más mayores les causa una sonrisa mientras que es creído a pies juntillas
por aquellos que tienen menos de 65 años. Hacen esas afirmaciones partiendo de
una interpretación semántica pura, seguros de que nadie les va contradecir, sin
mayor sustento. Su argumento se sostiene en el silencio y en el efecto de que
la realidad es así porque ellos lo aseguran. Lo hacen armados con tablet y proyección
en pantalla televisiva. Sin rubor alguno, recurriendo a un error conceptual
creado a partir del valor semántico de las palabras y los verbos, afirman que
la Seguridad Social fue “creada” en España durante la Regencia de María
Cristina, se encuentra su origen en las políticas de Maura o Dato y si me
apuran hasta en el reinado de Isabel II, aunque también podríamos referirnos a
la asistencia sanitaria benéfica que
recogía como obligación la Constitución de 1812 o a los Montepíos, Cofradías y
Hermandades del siglo XVIII, por no remontarnos mucho más en la historia.
En este debate, quienes
tienen algo de pundonor, que se presentan con el título de historiador o
historiadora, pero no se atreven a contradecir en las pantallas este relato –la
autocensura ante el temor de ser acusados de profranquistas –, esquivan el tema
acomodando su relato a ese discurso refiriéndose, con mayor exactitud, a la
aparición de las políticas sociales/seguros sociales durante la Restauración
(Comisión de Reformas Sociales, 1883) y a los seguros de accidentes de trabajo
posteriores. Esto, expuesto así, es rigurosamente cierto, pero no es menos
cierto que nada de eso, ninguna de las medidas adoptadas y transformadas en
realidades tangibles antes de la guerra civil, pueden igualarse a lo que el
común de los españoles y la definición actual entienden por Seguridad Social (incluyendo
la conjunción de la Seguridad Social y el Welfare State), y mucho menos
asociarse a la creación de un sistema de sanidad pública en España con una red
hospitalaria y de atención médica a su servicio tal y como hoy lo entendemos.
Confundir la Ley de
Accidentes de Trabajo para la Industria (1900), que establecía unas
indemnizaciones limitadas cubiertas por un seguro de carácter voluntario, que
se ampliaría a los trabajadores del mar (1919) y del campo (1932), con lo que
entendemos hoy como Seguridad Social es un exceso o un ejercicio de
voluntarismo. Con la II República el
seguro de accidentes para los obreros pasó a ser obligatorio, pero su
aplicación real fue muy limitada. Independientemente de ello, para el lector
actual, y esta es la omisión que usualmente se practica, hay que indicar que
este tipo de seguros no cubrían la enfermedad sino solo las consecuencias del
accidente.
La creación del
Instituto Nacional de Previsión (1908) tuvo como primer objetivo el desarrollo
de un sistema de pensiones de retiro. Los seguros sociales comienzan a ser una
realidad a partir de 1919, pero hasta 1921 no se podrá hablar de la puesta en
marcha de un seguro obligatorio de vejez para los obreros (retiro obrero). La
segunda gran aportación sería el Seguro de Maternidad (1923), consistente en un
subsidio para atender a los gastos del parto y asegurar el periodo de descanso
maternal obligatorio (Primo de Rivera lo ampliaría en 1929 para asegurar a la
madre la asistencia sanitaria). Este esquemático y débil sistema de protección
social no se puede equiparar al concepto de Seguridad Social que podría
vincularse a la Conferencia Internacional del Trabajo de Ginebra de 1927 y
extendido definitivamente tras la II Guerra Mundial (por cierto, Franco en 1943
tuvo gran interés a la hora de conocer lo que estaba debatiendo en otros países
y de ahí que siguió, tal y como revela la documentación de su archivo, el
debate británico sobre la conocida propuesta de William Henry Beveridge de
1940-1944 que informaría las propuestas del partido laborista tras la guerra
para reformar la Seguridad Social en el marco de la puesta en pie del nuevo
Estado del Bienestar).
La Constitución de 1931 incorporará lo que se
conoce como el constitucionalismo social que preveía desarrollar la legislación
que condujera a establecer un seguro de enfermedad y un sistema de seguros
(art. 14, 15, 43 y 46). Tanto Primo de Rivera como la II República se
plantearán la necesidad de desarrollar un Plan Sanitario Nacional. Pero no
pasaron del enunciado o la promesa. El gran debate era la creación de un seguro
de enfermedad (Marcelino Pascua en el primer bienio republicano) que se abordó
en 1935 y finalmente adquirió entidad con un proyecto de 1936 que no pasó del
papel.
Todo lo anteriormente
citado se pueden considerar antecedentes en el camino de la creación de la
Seguridad Social y de la sanidad pública en España como elemento del Welfare State.
¿Cuál era la posición de Franco ante un tema que estaba en el debate público?
Algunos historiadores suelen hurtar en su relato sobre los inicios de la guerra
civil que Francisco Franco, desde su Manifiesto en las Palmas, hizo continua
mención expresa al mantenimiento y consecución de todo aquello que fuera una
mejora en materia social. No es inexacto afirmar que el Generalísimo compartía
los contenidos del constitucionalismo social de la época, y por tanto del
concepto de seguros sociales/seguridad social opuesto al de Beneficencia. En
consonancia con el pensamiento de la época ese modelo debía de basarse en una
combinación de seguros y subsidios/prestaciones (salario indirecto). Cabría
afirmar que lo que va a hacer Franco es asumir todo ese discurso sobre seguros
y sanidad que llevaba un recorrido de casi cien años, entender que el camino
era el marcado tanto en la Dictadura de Primo de Rivera como en la II República
y el objetivo llevarlo a la práctica, hacerlo posible, hacerlo real.
En este esquema el
origen de nuestro actual sistema sanitario y por extensión de la Seguridad
Social, del impulso creador del Welfare State, está en las líneas de actuación
que establece el mandato constitucional del Fuero del Trabajo (1938). En esta
línea, en sus discursos de 1937-1938, Franco, además de mantener, siguiendo su
promesa, lo ya existente anuncia la puesta en marcha de medidas de protección
social pero también, con especial insistencia, la creación de hospitales
públicos para tratar la enfermedad más grave de su tiempo, la tuberculosis
(unos 30.000 muertos al año), sacándola de la vinculación a la beneficencia
(Alfonso XIII) y subiendo un peldaño
sobre la actuación durante la República contra esta pandemia con una
aportación propia (creación del nuevo Patronato Nacional Antituberculoso con su
plan de construcciones). No sería excesivo situar en esta decisión el origen de
la creación de una auténtica red sanitario-hospitalaria pública prácticamente
inexistente en España más allá de los centros de la beneficencia y alguna que
otra institución.
Recién acabada la
guerra se produce la reforma del retiro obrero creándose el más amplio Seguro
de Vejez (1-9-1939), mientras se desarrollaba toda una política de protección a
la maternidad que reformaba el antiguo seguro. A partir de ahí se irán poniendo
en marcha nuevos seguros como el de silicosis (1941), aunque comienza a
plantearse la idea de la unificación de los seguros sociales (1939). Elemento
capital del nuevo rumbo será, bajo la decisión del Ministro de Trabajo, José
Antonio Girón de Velasco, la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad
(14-12-1942) sobre el que venía debatiendo en España desde la creación del INP.
Girón, como no podía ser de otro modo, partió del proyecto republicano de 1936,
ampliando sus coberturas al garantizar “una
asistencia médica completa, tanto en los servicios de medicina general como en
los de especialidades”, y establecer el esquema de la organización médica
necesaria. El SOE es el origen de lo que hoy se conoce como Seguridad Social y
está dentro de las coordenadas de la “irrenunciabilidad del derecho” que
estableció el régimen de Franco. Cambio definitivo, revolucionario, porque
atiende la enfermedad del trabajador y su familia, considerada de un modo
extenso no nuclear, cubriendo la atención médica, farmacéutica y, en su caso,
hospitalaria (en 1948 quedaron establecidas las coberturas sanitarias que son
básicamente las mismas que hoy). Conviene en este punto recordar que antes del
SOE la atención médica pública era casi inexistente, quedaban los hospitales de
la Beneficencia como recurso. La medicina interna y la quirúrgica eran en
realidad privativas para las clases populares y trabajadoras, pues dependía de
su capacidad de ahorro o de algunos tipos de seguros mutuos. Esta era la
situación que venía a cortar de raíz el SOE atendiendo a la población desde
abajo.
El SOE se ponía en
marcha en un momento político económico muy difícil, todavía dentro de los años
más duros de la posguerra, con un Estado marcado por la imposibilidad de
asegurar los abastecimientos exteriores y de obtener los necesarios créditos en
el exterior para la reconstrucción. Esto provocó un lento arranque, porque el
SOE necesitaba una red de atención médica y hospitalaria en ese momento muy
reducida, lo que implicaba fuertes inversiones en tiempo de crisis y penuria.
En 1944 se publica la
Ley de Bases de la Sanidad Nacional que es el referente directo del actual
sistema sanitario público. Un texto fundamental porque, en consonancia con lo
explícito e implícito en el Fuero del Trabajo, establece que “incumbe al Estado
el ejercicio público de la Sanidad”, por lo que va más allá de lo
conceptualmente expuesto en la Constitución de 1931 (el estado prestará y
asegurará). Una ley ambiciosa que presenta un concepto de sanidad muy amplio
que nos lleva a la formulación del Estado del Bienestar.
La ley fija como
objetivos prioritarios: la lucha contra la tuberculosis, el reumatismo y las
cardiopatías, el paludismo (servicio de prevención contra el paludismo), el tracoma,
las enfermedades de transmisión sexual, la lepra, la dermatosis, el cáncer (Sección de Oncología
de la Dirección General); la sanidad maternal e infantil; la higiene mental.
Incluye además como elementos a abordar para una visión integral de la sanidad:
la higiene en el trabajo, la educación física y el deporte, la higiene
alimentaria, el saneamiento de las aguas, la potabilización, la
propaganda/educación sanitaria, los balnearios y aguas mineromedicinales y la
vivienda. En la misma se va indicando la necesidad de crear los centros
sanitarios necesarios para hacer real lo dispuesto en la ley. Estamos pues ante
un concepto amplio de sanidad, atención sanitaria, salud pública, que supera a
los planteamientos anteriores.
Lo destacable
–reiterémoslo– es que la construcción
del nuevo modelo se hace en un periodo lento de reconstrucción económica y
social, estableciéndose su arranque real entre 1944 y 1948.Un tiempo tan
difícil que era hasta casi imposible importar penicilina.
En 1944 el total de
trabajadores asegurados al SOE era de 2.094.158. El SOE y la Ley de Bases
obligaban al desarrollo de una red pública de establecimientos en sustitución del inicial sistema de pagar a
los hospitales privados por la atención de sus asegurados. En 1944 se pone también
en pie el necesario Plan General de Instalaciones de Asistencia Médica que es
el origen de nuestra red pública de atención sanitaria. Curiosamente, pese a
las dificultades del momento, además de otros referentes, se desplazó a EEUU a
uno de sus responsables para evaluar su modelo de centros hospitalarios y sus
posibilidades de traslación a España. Iba a crearse una red que quedaría
conformada por grandes residencias/ciudades sanitarias, residencias/hospitales,
clínicas, ambulatorios, centros comarcales y dispensarios/consultorios junto
con los centros maternales y pediátricos y de higiene rural para descender
hasta las casas de socorro; a los que más tarde se unirían las Ciudades
Sociales de Ancianos.
Sería imposible abordar
esta cuestión en el espacio de un breve artículo, pero si se repasa el listado,
desde la primera residencia inaugurada en 1949 hasta las que estaban
levantándose o en fase inicial cuando Franco falleció en una de esas
residencias sanitarias en 1975, es fácil percibir que ahí están la inmensa
mayoría de los grandes hospitales españoles, centros de investigación, algunos
situados entre los mejores de Europa:
Residencia Sanitaria
Enrique Sotomayor, actualmente Hospital de Cruces de Baracaldo (1955); el Hospital
de Vall d’Hebrón (1955); Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (1955);
el actual Hospital Universitario Donostía, cuya base son la Residencia
Sanitaria nuestra Señora de Aránzazu (1960), el Hospital Provincial (1960) y el
Hospital del Tórax (1953); el Hospital Universitario La Paz de Madrid (1964);
Hospital Puerta de Hierro de Madrid (1964); Hospital Universitario y
Politécnico la Fe de Madrid (1968);
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (1968); Nuevo Hospital Clínico
San Carlos de Madrid (1969); el Hospital de Hospitalet de Llobregat (1972); Ciudad
Sanitaria Juan Canalejo, actualmente Hospital Universitario A Coruña (1972);
Hospital 12 de Octubre de Madrid (1973); Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca,
actualmente Hospital Universitario, en Murcia (1975); el Hospital Reina Sofía de
Córdoba (inaugurado en 1976); el Hospital Ramón y Cajal proyectado e iniciado
en el régimen de Franco; el Complejo Hospitalario de Salamanca que tiene su
origen en la unión de centros levantados por el régimen de Franco.
Además cabría citar, en
una lista naturalmente incompleta, a la mayor parte de los principales
hospitales existentes en las provincias españolas pero también los levantados
en Guinea o Marruecos: Clínica 18 de julio, actual Hospital Policlínico de
Segovia (1946); Hospital Virgen del Toro, actualmente transformándose en un
centro para enfermos crónicos en Mahón (1951); Residencia Sanitaria Virgen del
Mar de Almería (1953); Residencia Sanitaria Obispo Polanco de Teruel (1953); Residencia
Sanitaria Onésimo Redondo de Valladolid, actual Hospital Universitario Río
Hortega (1953); Residencia Sanitaria de Guadalajara, base del actual Hospital
Universitario (1954); Hospital Río Carrión de Palencia, base del futuro
Hospital Universitario de Palencia (1954); Residencia Sanitaria Fernando
Zamacoa de Cádiz derribada en 1975 para
crear el nuevo centro sanitario inaugurado dos años después (1954); Residencia
Sanitaria de Zaragoza, actual Hospital Universitario Miguel Servet (1955); Hospital
de Bata en Río Muni; Hospital de Sidi Ifni; Hospital de Santa Isabel de
Fernando Poo, Hospital San Carlos en la Guinea; Residencia Sanitaria Ramiro
Ledesma Ramos de Zamora, actual Hospital Virgen de la Concha (1955); Residencia
Sanitaria Álvarez de Castro de Gerona, actualmente Hospital Universitario
Doctor Josep Trueta (1956); Residencia Sanitaria de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro de Badajoz (1956); Residencia Sanitaria General Moscardó, actualmente
Hospital Universitario Arnau de Villanova de Lérida (1956); Hospital
Universitario del Perpetuo Socorro de Albacete (1957); Residencia Sanitaria
Capitán Cortés de Jaén, actual Hospital Médico-Quirúrgico (1957); Residencia
Sanitaria de Alicante, actualmente Hospital General Universitario de Alicante
(1956); Residencia Sanitaria Adolfo Gómez Ruiz de Orense; Residencia Sanitaria
General Yagüe de Burgos (1960); Hospital General San Jorge de Huesca (1960);
Hospital Provincial de San Sebastián (1960); Hospital General de Asturias y
Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga (1961); Hospital Virgen de la
Luz de Cuenca (1964); Residencia Sanitaria Nuestra señora del Pino en Canarias
(1964); Residencia Sanitaria Nuestra Señora de la Salud de Toledo, hoy elemento
fundamental del Complejo Hospitalario de Toledo (1965); Residencia Sanitaria
Nuestra Señora de la Candelaria, actualmente Hospital Universitario Nuestra
Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife (1966); Residencia Sanitaria
Nuestra Señora de Alarcos en Ciudad Real
(1966); Hospital General de Castellón (1967); Hospital General de Galicia en
Santiago de Compostela; Residencia Sanitaria San Jorge, hoy Hospital General
San Jorge de Huesca (1967); Hospital General y Clínico de Tenerife, actualmente
Universitario de Canarias en La Laguna, Tenerife (1971); Hospital Virgen Blanca
de León, actualmente integrado, con el Princesa Sofía inaugurado en 1974, en el
Hospital de León dentro del Complejo Asistencial Universitario de León (1968); Ciudad
Sanitaria Carlos Haya de Málaga, ampliada desde la Residencia Sanitaria Carlos
Haya inaugurada en 1956, actualmente Hospital Universitario de Málaga (1972); Residencia
Sanitaria Montecelo de Pontevedra (1973); Hospital Santa Bárbara de Puertollano
(1973); Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza (1974); Residencia
Sanitaria Licinio de la Fuente hoy Hospital General de Segovia (1974); Hospital
Universitario Virgen Macarena de Sevilla (1974); Hospital de Nuestra Señora de
Sonsoles de Ávila (1976). A partir de 1969 comienza la etapa de construcción de
hospitales comarcales que se continuará y desarrollará tras la muerte de
Franco.
Solo hemos citado lo
que sería el armazón de la red sanitaria en sus centros de cabecera, por debajo
de ellos queda la red de hospitales, ambulatorios y consultorios. A ello debemos
añadir lo que es el desarrollo de los estudios de medicina y de formación
continua del personal sanitario con la creación de los estudios de enfermería y
para la formación de ATS junto con la configuración del sistema MIR vigente,
quedando vinculada a esta red la formación del todo el personal sanitario.
Ahora bien, el resumen
sintético de esta obra no podría considerarse completo si no mencionamos que al
mismo tiempo se incidió en los programas de prevención que ya se iniciaron
durante la guerra civil y la inmediata posguerra (señalemos las campañas de la
Sección Femenina a favor de la maternidad, la infancia, la higiene…) junto con
la aplicación del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La mejora de
la salud no era solo un problema de atención médica, sino también de cambios
sustanciales con la mejora de las redes de alcantarillados, la expansión de la
llegada del agua corriente a las casas, la legislación sobre vivienda, la
desecación de zonas pantanosas y hasta la lucha contra el tracoma y otros
problemas de higiene de la inmediata posguerra con medidas como el reparto
gratuito de las célebres pastillas de jabón Lagarto acompañadas de una cartilla
de utilización.
Según datos incompletos
de 1974-1975 el total de la infraestructura sanitaria creada se desglosaba en:
15 Ciudades Sanitarias más 2 Centros especiales y el Centro Nacional de
Rehabilitación de Parapléjicos; 65 Residencias Sanitarias; 7 Hospitales
Clínicos; 242 ambulatorios, más otros 207 ambulatorios provisionales; 260
Consultorios y 6 Centros de diagnóstico y tratamiento junto con otras
instalaciones de nivel local. Habría que añadir toda la infraestructura de
centros de investigación y protección hasta descender a las Casas de Socorro.
También habría que incluir en esta red pública sanitaria la sanidad militar con
sus hospitales.
La transformación del
modelo creado por el SOE en lo que hoy conocemos como la Seguridad Social se
inicia con el Decreto de junio de 1957, que anunciaba la realización de un Plan
Nacional de Seguridad Social reuniéndose una comisión a tal efecto (1958).
Esta, partiendo de lo creado, asumiendo los defectos y los problemas de un
sistema de seguros sociales edificado a golpe de decreto desde el Ministerio de
Trabajo, planificara el futuro. El anteproyecto de Ley de Bases de la Seguridad
Social estaba sobre la mesa de Franco en agosto de 1963, siendo enviado a las
Cortes para su debate en octubre, quedando la ley aprobada en diciembre de
1963. No vamos a entrar en el análisis de una ley cuyo elemento más
significativo para nuestro breve análisis es su consideración de punto de
partida dentro del concepto dinámico legislativo habitual en el régimen de
Franco. De hecho el modelo se sometería a una revisión del sistema que se
estaba poniendo en marcha por parte de la OMS en 1967 mientras se continuaba
con el desarrollo legislativo (Articulado de la Ley de Bases de la Seguridad
Social -1966- y las subsiguientes regulaciones delos Regímenes Especiales).
Concluiría el ciclo con la Ley 24/1972 y la refundición legal de 1974 (Decreto
2065/1974). Es necesario introducir estos breves referentes porque la Seguridad
Social actual es el resultado de la continuidad y adaptación de la creada por
el régimen de Franco al nuevo marco legal cuyos pasos fundamentales fueron el
Real Decreto 36/1978 junto con las
reformas de 1985, 1997 y 2006, así como la Ley General de Sanidad de 1986 del
ministro socialista Julián García Vargas que es continuista con lo legislado
por Franco. Aún hoy, transcurrido casi medio siglo, permanecen prácticamente
casi inalterables no pocas normas (el Reglamento de Política Sanitaria
Mortuoria solo ha sido modificado en 2014 para incluir lo referente al Ébola).
Queda como última
revisión necesaria abordar el grado de vinculación entre el modelo de Seguridad
Social y su red sanitaria edificada por el régimen de Franco con la
instauración del Estado del Bienestar en España. Todo ello ante el manifiesto
interés de retrasar la aparición de este último
hasta el actual sistema democrático. Cuando la propaganda y la relectura
interesada se revisan a la luz de la documentación creo honestamente que se
clarifica la realidad.
Desde 1963 se hace
evidente que el modelo de Seguridad Social que establece la ley aspira a la
universalidad, a diferencia del modelo del SOE que estaba dirigido a la
totalidad de los trabajadores por cuenta propia o ajena. En 1975 el total de la
población se situaba en 35.5 millones de habitantes, de ellos 10.908.134
estaban asegurados y quedaban cubiertos 30.336.631 españoles, todos los
trabajadores españoles (cubre a las clases medias y a las clases populares).
Las prestaciones sanitarias contempladas eran básicamente las mismas que hoy. La
transformación de la Seguridad Social en elemento clave del Estado del
Bienestar se produce en los años sesenta. Si nos ceñimos, por ejemplo, a las
propuestas para el III Plan de Desarrollo publicadas en 1971 podemos ver, con
claridad, cómo se ha configurado ese Estado del Bienestar en este aspecto
(correlativamente se ha establecido una educación obligatoria gratuita, se ha
impulsado una red pública educativa y se establece como horizonte por la ley de
1970 la gratuidad del Bachillerato y la FP).
Con el III Plan de
Desarrollo se define la Seguridad Social como “instrumento eficaz de una
política de rentas progresivas”. ¿Qué elementos/objetivos conforman esta nueva
Seguridad Social inmersas en el concepto de Estado del Bienestar?:
a) un sistema de pensiones de retiro que van a homogeneizarse, “así como a su revalorización y actualización periódica, teniendo en cuenta los salarios percibidos por los trabajadores en activo y los superiores niveles de vida a que vaya accediendo la comunidad”;
b) el perfeccionamiento
continuo de los servicios sanitarios;
c) aumento de las prestaciones
de desempleo “con una especial atención para el caso de los trabajadores
mayores de cuarenta años y minusválidos y para la situaciones del paro
estacional”;
d) se “incrementarán y
perfeccionarán los programas de prevención, seguridad, higiene y bienestar en
el trabajo, recuperación profesional y empleo de minusválidos, acción formativa
general y de adultos y demás servicios sociales”;
e) protección de los emigrantes (“que abarque la
totalidad del proceso emigratorio y dispense la asistencia y los servicios
adecuados en el orden laboral, económico, familiar, educativo, cultural, de la
Seguridad Social y de la formación profesional. Así mismo se facilitará su
reinserción laboral y social en España”,
f) asistencia social,
fomentándose “la acción de las Corporaciones locales y entidades privadas, en
orden a la creación y sostenimiento de instituciones para la infancia,
juventud, ancianos y minusválidos”;
promoción de “los servicios sociales voluntarios y la acción social
profesionalizada”;
g) Plan Nacional de
Promoción Profesional y Social de Adultos, con construcción de centros y
atención a 800.000 trabajadores;
h) construcción de
residencias, hogares, clubs de ancianos y centros geriátricos.
Mucho más se podría
anotar, pero con lo dicho es suficiente para situar al lector ante la realidad
frente al habitual oscurecimiento con que se aborda este tema.
